Urge creación de bancos de tiro para construcción en siete municipios

La diputada Evelyn Sánchez y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señalaron este domingo la urgente necesidad de establecer bancos de tiro regulados en los siete municipios de la entidad. Durante un foro especializado, los participantes coincidieron en que la carencia de espacios autorizados para el depósito de escombros y materiales de desecho ha escalado hasta convertirse en una problemática crítica para el sector de la construcción en el estado.

La legisladora resaltó que la falta de infraestructura adecuada para la disposición final de residuos de obra está generando impactos ambientales negativos y complicando la operatividad de las empresas constructoras locales. Según lo expuesto en el encuentro, el vertido clandestino de materiales en zonas no autorizadas se ha incrementado significativamente en los últimos meses, afectando el entorno urbano y rural de diversas demarcaciones.

Por su parte, los integrantes de la CMIC enfatizaron que el sector requiere certidumbre jurídica y espacios debidamente habilitados para cumplir con la normativa ambiental vigente. El gremio subrayó que la creación de estos bancos de tiro permitiría una gestión más eficiente y responsable de los residuos, disminuyendo los costos logísticos para los proyectos de infraestructura pública y privada que actualmente se desarrollan en la región.

Como parte de las propuestas presentadas, se planteó la necesidad de establecer una coordinación estrecha entre el Poder Legislativo estatal y las autoridades municipales para identificar terrenos aptos y facilitar los trámites de regularización. Los involucrados señalaron que la implementación de esta infraestructura es fundamental para evitar la proliferación de tiraderos a cielo abierto y garantizar el cumplimiento de los estándares de protección ambiental que exige la legislación actual.

El equipo de trabajo de la diputada Sánchez informó que buscarán abrir mesas de diálogo con los alcaldes de los municipios involucrados para analizar la viabilidad técnica y legal de estos espacios. La meta es concretar un marco regulatorio que ordene el sector, proporcione seguridad a los constructores y mitigue los riesgos ecológicos derivados de una gestión ineficiente de los materiales de construcción.