Sumar cuestiona extensión de vida útil de central nuclear en España
La decisión de aplazar el cierre de la central de Almaraz hasta 2030 genera tensiones en la coalición gubernamental española.
El Gobierno de España oficializó este viernes, a través de una publicación en su diario oficial, la prórroga operativa de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres. Con esta medida, la planta, que aporta cerca del 7% de la energía eléctrica nacional, mantendrá sus actividades hasta el 8 de junio de 2030, posponiendo así el cierre escalonado que originalmente estaba previsto para los años 2027 y 2028. La decisión busca cerrar el intenso debate social y técnico sobre el futuro de estas instalaciones energéticas.
La determinación, ejecutada por la Secretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha provocado un rechazo frontal por parte de Sumar. Representantes de esta fuerza política han manifestado su desacuerdo con la extensión, argumentando que la medida contraviene los compromisos alcanzados en el acuerdo de coalición gubernamental vigente. Según el equipo de comunicación de Sumar, el PSOE habría actuado de manera unilateral al modificar el calendario de desmantelamiento nuclear sin contar con el consenso previo de sus socios de Gobierno.
El núcleo del conflicto radica en la divergencia sobre la hoja de ruta energética nacional. Mientras el sector socialista defiende la necesidad de asegurar el suministro eléctrico mediante la extensión operativa de la planta para garantizar la estabilidad del sistema, los integrantes de Sumar insisten en cumplir estrictamente con los plazos de cierre que se habían pactado anteriormente. Este desencuentro añade presión a la agenda legislativa de la administración, marcando un episodio de fricción interna en la actual gestión del Ejecutivo.
La extensión de la vida útil de Almaraz supone un cambio significativo en la estrategia de transición energética del país. Aunque el Gobierno sostiene que esta prórroga permite una gestión más segura y previsible del sistema eléctrico, el descontento de sus aliados políticos abre una nueva etapa de negociaciones. El impacto de este desacuerdo sobre la estabilidad de la coalición será monitoreado de cerca por diversos sectores sociales y económicos en los próximos meses, conforme se acerquen los plazos administrativos para la ratificación de los planes energéticos a largo plazo.
