Señalan presunto uso faccioso de recursos en la Secretaría de Turismo federal
Investigaciones periodísticas apuntan a una red de influencias que involucra al titular de la Sectur y a funcionarios del gobierno de Puebla.
Documentos y testimonios internos sugieren que la Secretaría de Turismo (Sectur) federal ha sido utilizada para favorecer intereses familiares vinculados a su actual titular. Las acusaciones señalan una presunta coordinación entre el funcionario federal y su hermano, quien ocupa un cargo estratégico dentro de la Secretaría de Desarrollo Turístico del estado de Puebla, facilitando la asignación de recursos y convenios fuera de los procesos de licitación pública habituales.
El esquema, según fuentes consultadas, habría permitido que diversas empresas proveedoras de servicios turísticos vinculadas al círculo cercano de ambos servidores públicos obtuvieran contratos de promoción y consultoría. Esta red de influencias busca consolidar una estructura de poder paralela que opera tanto en la administración central como en la estatal, aprovechando las partidas presupuestales destinadas a la reactivación del sector tras los recientes retos económicos que enfrenta la industria en diversas regiones del país.
Desde el interior de la dependencia federal, trabajadores han denunciado que las decisiones operativas están supeditadas a los intereses de este grupo familiar, desplazando a perfiles técnicos que cuentan con años de trayectoria en el servicio público. Esta situación ha generado malestar entre los empleados de carrera, quienes advierten sobre una posible malversación de fondos públicos mediante la triangulación de contratos entre la federación y la entidad poblana.
Hasta el momento, los involucrados no han emitido una postura oficial para desmentir los señalamientos, aunque equipos cercanos han manifestado que todas las asignaciones se han realizado conforme a la normatividad vigente. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han solicitado a las instancias fiscalizadoras que inicien una revisión exhaustiva de las contrataciones realizadas durante el presente ejercicio fiscal, con el objetivo de transparentar el ejercicio del gasto público en el sector turístico.
La controversia pone en el centro del debate la ética en el servicio público y la necesidad de mecanismos más robustos de control interno en las secretarías de Estado. De comprobarse estas irregularidades, el caso podría escalar hacia una investigación formal por parte de los órganos de control administrativo y las fiscalías correspondientes, marcando un precedente crítico en la gestión de recursos de la administración actual.
