San Luis Potosí ocupa el último lugar nacional en justicia cívica

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNSPE) ha publicado un diagnóstico revelador sobre la situación de la justicia cívica en México, colocando a San Luis Potosí en el último lugar del país. Este indicador mide la capacidad de las autoridades locales para gestionar conflictos menores a través de modelos de mediación y resolución no penal, una herramienta clave para descongestionar el sistema de justicia tradicional.

Los datos nacionales analizados por el organismo detallan que el 59% de las puestas a disposición ante las autoridades corresponden a presuntas faltas cívicas, mientras que el 41% restante se clasifica como presuntos delitos. En el caso de San Luis Potosí, la disparidad frente a otras entidades federativas sugiere una falta de capacitación en los cuerpos policiales municipales y estatales para diferenciar adecuadamente entre una infracción al reglamento y una conducta delictiva.

La justicia cívica busca prevenir que faltas administrativas escalen hacia comportamientos criminales mediante la mediación, el trabajo en favor de la comunidad y la sanción pedagógica. Especialistas en políticas públicas señalan que la ausencia de este enfoque en el estado obliga a las fiscalías a procesar casos que podrían resolverse mediante mecanismos de justicia alternativa, saturando innecesariamente el sistema judicial.

Ante este escenario, las autoridades locales han expresado la intención de implementar programas de capacitación integral para los jueces cívicos y elementos de seguridad. La propuesta busca alinear los protocolos estatales con los estándares nacionales, con el objetivo de reducir la carga de trabajo en los ministerios públicos y fomentar una convivencia más pacífica en los municipios potosinos.

El rezago en esta materia también refleja una carencia de infraestructura adecuada para las audiencias cívicas, lo que limita la aplicación de sanciones que no impliquen la privación de la libertad. La implementación efectiva de este modelo sigue siendo un desafío pendiente para la actual administración estatal y los gobiernos municipales en el corto plazo.