Organizaciones civiles rechazan evaluación gubernamental sobre extracción de gas no convencional
Treinta organizaciones ambientales y comunitarias cuestionan la viabilidad técnica y el impacto ecológico del reciente informe federal sobre la extracción de gas mediante fracturamiento hidráulico.
Un bloque conformado por treinta organizaciones ambientales y colectivos comunitarios presentó este viernes un pronunciamiento formal para rechazar la evaluación técnica emitida por el Gobierno federal respecto a la extracción de gas no convencional. El grupo argumenta que el estudio oficial subestima los riesgos geológicos y el impacto negativo que estas actividades tendrían sobre las reservas de agua subterránea en las regiones proyectadas para su explotación. Según los inconformes, el análisis carece de estudios de impacto ambiental integrales que consideren los efectos a largo plazo en la salud pública y la estabilidad del suelo.
El documento entregado por las agrupaciones ante instancias federales subraya que la evaluación carece de un proceso de consulta suficiente con los habitantes de las zonas donde se planea iniciar la extracción. Los representantes del movimiento enfatizaron que, antes de avanzar con cualquier proyecto de esta naturaleza, es indispensable realizar mesas de diálogo transparentes que incluyan a expertos independientes y a los sectores más vulnerables de las comunidades rurales. La preocupación central se enfoca en el uso intensivo de recursos hídricos en áreas donde ya se registran niveles críticos de estrés hídrico.
Por su parte, las dependencias encargadas de la política energética han sostenido que la extracción de gas no convencional representa una oportunidad para fortalecer la soberanía energética del país y reducir la dependencia de las importaciones. Sin embargo, las organizaciones civiles insisten en que la estrategia debe replantearse bajo un enfoque de sustentabilidad y respeto a los derechos humanos. Los colectivos han solicitado a la SEMARNAT y a la SENER que se abra un periodo de revisión técnica independiente para contrastar los datos oficiales con las observaciones presentadas por la sociedad civil.
El debate sobre la viabilidad de estas operaciones extractivas permanece abierto en el Congreso de la Unión, donde legisladores de diversas bancadas han solicitado mayor claridad sobre las salvaguardas ambientales. Mientras tanto, las organizaciones civiles han anunciado que continuarán con jornadas informativas en los estados donde se ha previsto la exploración, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados a la técnica del fracturamiento hidráulico en sus territorios. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de las autoridades para integrar las preocupaciones ciudadanas en la política energética nacional vigente.
