Maru Campos refuerza estrategias de seguridad para el sector minero en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció esta semana el fortalecimiento de las estrategias de seguridad destinadas a proteger las operaciones mineras en la entidad, ante la necesidad de brindar certeza a los trabajadores y empresas del sector. Este despliegue, coordinado con las fuerzas de seguridad estatales y federales, busca blindar las zonas de extracción ante la incidencia delictiva que ha afectado la logística y el transporte de insumos en los últimos meses.

Durante una mesa de trabajo con representantes de la industria, la administración estatal reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia constante en las rutas de acceso a las unidades mineras, ubicadas principalmente en la sierra del estado. La estrategia contempla el uso de tecnología de monitoreo y una mayor presencia de elementos operativos, con el objetivo de prevenir el robo de maquinaria y proteger a los empleados durante sus jornadas laborales.

El equipo de gobierno estatal señaló que estas acciones no solo buscan la seguridad física, sino también incentivar la inversión y el desarrollo económico regional. Según lo expuesto por las autoridades, se planea formalizar convenios de colaboración que permitan una respuesta más rápida de las autoridades ante cualquier incidente, priorizando la paz social en las comunidades que dependen directamente de la minería.

Por su parte, el sector privado ha manifestado su disposición para colaborar con el gobierno de Chihuahua en la implementación de protocolos de seguridad interna. Ambas partes coinciden en que la estabilidad del sector es fundamental para la economía local, por lo que las mesas de diálogo se mantendrán de forma periódica para evaluar los avances de los operativos desplegados en las zonas de mayor producción.

Finalmente, la gobernadora destacó que la seguridad es una prioridad transversal en su gestión, reconociendo que el sector minero es un pilar histórico en la configuración económica del estado. Con este esquema, el gobierno de Chihuahua busca sentar las bases para un entorno más seguro, donde las empresas puedan operar bajo condiciones de certidumbre jurídica y protección para su capital humano.