Hermanos Farías presuntamente articularon red para el robo de hidrocarburos

Una investigación en curso ha revelado la existencia de una presunta red de servidores públicos orquestada por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías, quienes habrían operado un sistema de control para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos. Según los datos integrados en el expediente, ambos individuos gestionaban ascensos y nombramientos en sectores estratégicos de la administración pública para consolidar una estructura de protección y operación logística al servicio del huachicol.

El mecanismo, de acuerdo con la indagatoria, consistía en la colocación estratégica de perfiles afines en puestos con capacidad de decisión administrativa y operativa. Estos funcionarios, presuntamente bajo las órdenes de los hermanos Farías, facilitaban la omisión de vigilancia en instalaciones de PEMEX y en rutas de transporte de combustible, permitiendo que la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos se realizara con un margen de maniobra constante.

La fiscalía ha documentado que el control ejercido no se limitaba a la operación técnica, sino que abarcaba la gestión de recursos humanos y la supervisión de procesos internos para evitar cualquier tipo de fiscalización. Los involucrados habrían aprovechado sus vínculos para asegurar que las áreas encargadas de la supervisión de ductos y la logística de distribución permanecieran bajo el mando de personas que garantizaban la impunidad de las actividades ilícitas.

Por su parte, las autoridades federales han iniciado una revisión profunda de los nombramientos realizados en las dependencias señaladas durante los periodos en los que los hermanos Farías ejercieron influencia directa. El objetivo es desmantelar la estructura interna y determinar la responsabilidad administrativa y penal de cada uno de los servidores públicos identificados en esta red de complicidades.

Hasta el momento, la estrategia de las autoridades se enfoca en el fortalecimiento de los controles internos y la supervisión de las áreas de infraestructura energética. Se espera que en los próximos meses se presenten los resultados de las auditorías correspondientes y se proceda contra quienes resulten responsables de facilitar este esquema de corrupción que vulnera la seguridad del sector energético nacional.