CEAR advierte retrocesos en materia de asilo y solicita revisar propuesta

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha emitido un posicionamiento formal este miércoles 26 de agosto de 2026, alertando sobre lo que consideran graves retrocesos en la nueva Ley de Asilo. La organización señaló que la propuesta legislativa actual podría vulnerar estándares fundamentales de protección para personas que huyen de contextos de violencia y persecución en sus países de origen.

De acuerdo con la postura difundida por la institución, los cambios propuestos en la normativa limitarían el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo, lo que dificultaría la labor de las autoridades encargadas de procesar estas peticiones. La organización sostiene que, de aprobarse el texto en sus términos actuales, se verían afectadas las garantías jurídicas y humanitarias que actualmente protegen a los solicitantes en territorio nacional.

Ante este escenario, la dirección de la organización ha solicitado formalmente al Gobierno que recapacite sobre los alcances de esta iniciativa. El equipo técnico ha propuesto la apertura de mesas de diálogo con la sociedad civil y especialistas en derechos humanos para ajustar la redacción del proyecto, con el objetivo de asegurar que cualquier modificación fortalezca, en lugar de debilitar, el marco de protección vigente.

La controversia surge en un momento donde las autoridades migratorias enfrentan retos significativos en la gestión de flujos de personas que buscan refugio. La organización enfatiza que la seguridad jurídica es un pilar indispensable para cualquier sistema de asilo moderno, y advierte que los cambios sugeridos podrían contradecir tratados internacionales suscritos previamente por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Por ahora, la propuesta permanece en fase de revisión, a la espera de que el Poder Ejecutivo y las cámaras del Congreso de la Unión determinen si se realizarán ajustes significativos. La organización ha reiterado su disposición para colaborar en la creación de políticas públicas que cumplan con los principios internacionales de no devolución y trato digno a quienes solicitan protección internacional.