Agnieszka Bozanic advierte sobre los peligros del viejismo en las políticas públicas

La psicóloga y activista Agnieszka Bozanic, fundadora de GeroActivismo, advirtió este jueves 6 de agosto que la verdadera crisis que enfrentan las personas mayores en la actualidad no es el envejecimiento biológico, sino la prevalencia del viejismo en la sociedad y el lento avance de las políticas públicas destinadas a este sector. En un contexto donde la demografía global apunta hacia un aumento significativo de la esperanza de vida, Bozanic subrayó que los cambios culturales son insuficientes si no vienen acompañados de una estructura de protección social robusta y condiciones de vida dignas.

La activista planteó que es necesario trascender los gestos simbólicos y los discursos de buena voluntad para enfocarse en reformas estructurales. Según su análisis, el viejismo —entendido como los estereotipos y prejuicios basados en la edad— permea las instituciones y limita el acceso a derechos fundamentales, perpetuando situaciones de vulnerabilidad. Bozanic hizo hincapié en que el bienestar de este sector poblacional depende directamente de la capacidad del Estado para integrar una perspectiva gerontológica en el diseño de toda la política pública.

Desde su perspectiva, el cambio de paradigma debe pasar por un compromiso intersectorial. La fundadora de GeroActivismo propone que tanto las instituciones de salud como los organismos encargados del trabajo y la seguridad social deben revisar sus protocolos para eliminar las barreras invisibles que impiden una participación plena de las personas mayores en la vida social y económica. La falta de este enfoque, advierte, no solo afecta a los individuos, sino que debilita el tejido social en su conjunto.

Bozanic enfatizó que la lucha contra la discriminación por edad requiere de una vigilancia constante y de la creación de mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, la activista instó a los tomadores de decisiones a priorizar la inversión en programas que garanticen la autonomía, el cuidado y la salud integral, asegurando que la calidad de vida en la vejez sea un derecho garantizado y no un privilegio sujeto a las condiciones económicas de cada persona.